Por José Núñez.
La Constitución, a la que también le dicen la Carta Magna, la Ley de leyes, la Ley sustantiva, en fin, una serie de nombres y calificativos que se unifican en un solo criterio, y es, que hay que respetarla y hacerla respetar, lo cual se puede hacer cumplir por conciencia o también, coercitivamente, con las fuerzas militares y la justicia.
Es decir, se respeta la Constitución de una nación por dos vías principales, ya sea por el nivel de conciencia de sus habitantes o por lo inflexible de ésta cuando es violada o irrespetada, características que se dan especialmente en los países desarrollados y en los gobiernos de manos duras.
Por eso hay una máxima que se usa como un indicador para medir el nivel de desarrollo socioeconómico de un país, y es, «si desea conocer los niveles de desarrollo económico de un estado, observe cómo se respetan sus leyes, y por supuesto, la Constitución».
También investigue cuántas veces y la forma, para qué la han modificado. Así conoce si los cambios se han hecho por el interés general o el particular de unos cuantos.
En este sentido, nuestra Constitución que mandó a hacer cambios sustantivos en la vida de los partidos políticos, que para ajustarlos o reglamentarlos en su día a día, se tuvo que recurrir a elaborar y aprobar recientemente las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Orgánica del Régimen Electoral, con sus respectivos reglamentos (falta el del régimen electoral).
Además, obligatoriamente, algunas de las resoluciones de la Junta Central Electoral tienen que estar en proceso, y la realidad con sus necesidades, determinarán la cantidad de éstas.
Pero resulta que en la práctica, las mayorías de las organizaciones políticas del sistema de partidos se han vuelto un sebo, ahora lo que aprobaron le queda grande, o sea, «no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar».
En este camino tortuoso para casi todos los partidos, están buscando mecanismos y formas de cómo ajustarse según les convenga, y cuando se analiza que el asunto es constitucional, ese obstáculo más que preocuparles a casi todos, lo ven como una oportunidad para negociar políticamente en unos casos y para beneficiarse pecuniariamente también.
En esta tesitura, un caso muy particular se da en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde luego de ellos mismos haber hecho un cambio constitucional para beneficiar exclusivamente al mandatario de turno, al presidente Danilo Medina, se puede observar, que sus funcionarios y sus legisladores tratan el tema con desdén, queriendo indicar, ya que si hay que volver a modificar la Constitución, lo harán.
Debemos decir, que aunque la Constitución «ya no sea virgen, pero como Doña», merece igual o más respeto.
Entonces, todos observamos, que de una forma u otra, en los partidos políticos sin distinción, algunos quieren ajustar o poner la Constitución como una toalla, es decir, utilizarla a través de sus legisladores, tan frecuentemente como tantas veces pueda interesarles.
Unos la irrespetan o tratan de hacerlo, acomodando las leyes o no aplicándolas y los otros, con el infeliz argumento de que la Constitución explica el procedimiento para modificarse.
Lo que ignoran es, que en la misma Constitución se plantea algo de mayor peso y valor de legitimidad que lo dicho en el párrafo anterior, y es que, ese es un documento que no es para estar tocándose o modificándose seguidamente, incluso, recomienda ella misma, que no se hagan cambios por coyunturas ni ante las presiones sociales.
En este contexto, por los intereses, las pocas visiones de una relativa mayoría de los políticos, y aprovechando nuestras debilidades institucionales, observamos cómo hasta muchos de los dizque más avanzados políticamente y también mejor doctrinados, hoy son los principales abanderados del tal desaguisado, hasta ofenden, pregonando modificar la Constitución en cualquier momento.
Después no digan nada, ya que las advertencias y los ejemplos existen por doquier, de las consecuencias nefastas que traen las malas actuaciones políticas, máximamente, cuando priman los intereses personales y económicos por encima de la ley.
